La Eurocámara ha dado luz verde a un paquete normativo para que los Estados miembros sean menos permisivos con las compañías que vulneren sus obligaciones en materia de protección de datos.
El paquete de medidas, aprobado a propuesta de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, por la intenta evitar los casos de espionaje a través de Internet que recientemente han sacudido a Estados Unidos, de modo que empresas como Facebook o Google no podrán transferir datos procesados en la Unión Europea a Estados Unidos ni siquiera en respuesta a una orden judicial. Sólo podrán hacerlo cuando cuenten con la autorización de un supervisor nacional (en España la Agencia Española de Protección de Datos) y siempre que informen al usuario afectado.
Además, y como plato fuerte, las nuevas normas, articuladas en una propuesta de Reglamento, establecen que las compañías que incumplan sus obligaciones en materia de protección de datos podrán ser sancionadas con multas de hasta el 5 por ciento de su volumen de negocios o 100 millones de euros, la cantidad que resulte mayor. De este modo, Bruselas endurece la propuesta original que limitaba las sanciones a un millón de euros o el 2 por ciento del volumen de negocios. La idea latente en esta iniciativa es evitar nuevos casos de espionaje a través de Internet, tras el escándalo del espionaje de la administración de Estados Unidos a ciudadanos e instituciones europeas.
A este respecto, la Eurocámara reclama que las personas que emprendan acciones contra una empresa en defensa de sus datos puedan hacerlo ante sus propias instancias nacionales, aunque la empresa en cuestión tenga sede en otro país de la UE. Y es que, actualmente la mayoría de grandes compañías que operan en Internet, tienen su sede en Irlanda, por su fiscalidad societaria más beneficiosa.
Derecho al borrado versus 'derecho al olvido'
La reforma propuesta dispone que las empresas que operan en Internet, como los gigantes Google o Facebook demás, Bruselas haya acuñado un nuevo término, el derecho al borrado en sustitución al derecho al olvido que contemplaba la propuesta inicial. Así, la reforma propone que cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos si así lo reclama a una empresa determinada. De ahí que si una persona pide a Facebook que borre sus datos, la compañía deberá remitir la petición a otros sitios donde esta información se haya replicado. La idea es impedir que los usuarios de redes sociales o los internautas que hayan dejado algún dato en Internet, encuentren prácticamente imposible que sus datos sean borrados, como ocurre ahora ya que las empresas apelan a 'dificultades técnicas' para llevar a cabo este borrado de datos cedidos previamente a servidores de Internet.
Bruselas abandona así el tradicional término de derecho al olvido porque, en su opinión, es muy difícil de poner en práctica, ya que las empresas de Internet no siempre pueden borrar todas las informaciones de un usuario.
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