Han pasado más de tres años desde que se aprobó la Ley de prevención de blanqueo de capitales, el 28 de abril de 2010, y todavía está sin aprobar el reglamento necesario para ponerla en marcha. Pero no sólo el reglamento está en pañales (en vía de consulta). La propia ley se ha quedado obsoleta y necesita cambios urgentes si España quiere aprobar el examen al que será sometida la próxima primavera por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de evitar el blanqueo de capitales a nivel mundial.
El Gobierno es más que consciente de estas debilidades y la preocupación por el daño que una mala nota podría acarrear al sistema financiero español es palpable. Consciente de ese riesgo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya movió ficha en mayo al sustituir al entonces director del Sepblac (la comisión para la prevención del blanqueo de capitales), Manuel Caro, por un hombre de confianza del ministro, Juan Manuel Vega.
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