El REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 35 introduce la obligatoriedad de contar con un delegado de protección de datos (o también llamado Data Privacy Officer) en el sector público y en el sector privado, cuando se trate de grandes empresas o en caso de que las actividades principales del responsable o del encargado del tratamiento consistan en operaciones de tratamiento que exijan un seguimiento periódico y sistemático. Esta disposición se fundamenta en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, que establecía la posibilidad de que los Estados miembros introdujesen este requisito en lugar de una obligación general de notificación. Borrador que todas las naciones perteneciente a la Unión Europea deberan adaptar e incorporar a su legislación en protección de datos, como es el caso de España.
Aunque, como vemos en el artículo 35, punto b) y c), será de obligatoriedad a ese tipo de empresas privadas y públicas. Es pensable que para ciertas entidades privadas que tienen un número inferior de empleados, pymes, o que por el tipo de datos especialmente protegidos o por tratarse de entidades que hacen tratamiento internacional de datos. Deberían tener, bien internamente o externamente, la persona que desarrolle este tipo de actividad y, de ésta manera, evitar los daños que se puedan ocasionar de imagen y económicos a dichas entidades.
Es por lo que en Lluch Consulting & Training recomendamos dicha implantación y desarrollo del DPD, para garantizar el derecho a la intimidad de los datos de carácter personal de los empleados de la organización y de sus clientes finales, como el correcto cumplimiento de la legislación vigente en tratamiento de datos y evitar el riesgo de fuga de información de su entidad.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para ofrecerles toda la información relativa a la implantación del DPD en su entidad.